Credibilidad fiscal

La credibilidad fiscal descansa en el cumplimiento de las metas fiscales ex-post (a final de año), que los gobiernos se autoimponen, de acuerdo con la regla fiscal imperante. De esta forma se asegura una deuda a PIB en niveles “prudentes” y, por consiguiente, la sostenibilidad fiscal.

En el pasado, en varias oportunidades, se cambió la meta del balance estructural o simplemente no se cumplió, generando un persistente déficit estructural entre 2008-2024 (salvo 2015 y 2022) y una escalada de la deuda a PIB, aumentando desde un 5% en 2006 a 41,2% en 2024, lo que ha restado credibilidad a la regla fiscal. Como una forma de fortalecer su credibilidad, el gobierno se allanó a considerar las sugerencias que han hecho varios economistas y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), respecto a introducir una segunda meta de deuda a PIB “prudente” (45%) y diseñar una cláusula de escape que permita desviarse transitoriamente de la meta en casos calificados, señalando expresamente como se recupera ésta en el futuro. La cláusula de escape solo operaría a partir de 2025.

De acuerdo con el IFP del tercer trimestre, no se cumpliría la meta de déficit estructural de 1,9% del PIB en 2024, lo que sumado a errores en la predicción de ingresos por cerca de US$ 1.500 millones restan credibilidad a la regla.

No obstante, los esfuerzos por fortalecer la regla fiscal, nuevamente acecha un problema de credibilidad. En primer término, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2024, no se cumpliría la meta de déficit estructural de 1,9% del PIB; este alcanzaría un 2,3%, aun cuando se afirma que se haría el máximo esfuerzo para lograrlo. En segundo lugar, errores en la predicción de ingresos por cerca de US$ 1.500 millones, que podría ser incluso mayor, restan credibilidad a la regla. El retiro de US$ 1.000 millones del Fondo de Estabilización (FEES), dejando estos ahorros solo en US$ 3.700 millones, sin una causa que lo amerite, lleva a que pueda cumplirse el objetivo de deuda bruta, pero reduciendo los activos, es decir, aumentando la deuda neta, y disminuyendo la capacidad del país para hacer frente a futuros shocks que si lo ameriten. En efecto, esto es como hacerse trampa en el solitario, y debilita la credibilidad fiscal. Destinar recursos del fondo para financiar el incumplimiento de la meta pone en riesgo el diseño mismo de la regla. Por último, comprometer un mayor gasto estructural a cuenta de la Ley de Cumplimiento Tributario puede, como en el pasado, resultar en incumplimiento de la meta de déficit. Esto, por cuanto el estudio sobre evasión tributaria (50% del impuesto a la empresa) ha sido ampliamente cuestionado; el FMI ha estimado una mayor recaudación de 0,5% del PIB frente al 1,5% que proyecta el Gobierno. Ciertamente, el Parlamento no cumplió su tarea, al aprobar el proyecto de ley sin exigir un estudio riguroso respecto de la evasión y cuánto aumentaría la recaudación por elusión. Como recomienda el CFA, el mayor gasto debe estar calzado en monto y oportunidad con el incremento en recaudación tributaria.

¿Cómo fortalecemos la regla fiscal y así dar mayor credibilidad? Es fundamental otorgar más atribuciones al CFA. Este debiera tener la capacidad de proyectar ingresos, para confrontarlos con las proyecciones de Hacienda; monitorear la aplicación de la cláusula de escape y el necesario retorno a la meta debiera ser automático, como ha sugerido el CFA. También es preciso redefinir el objetivo de deuda en términos de la deuda neta a PIB y poner especial atención, dada la importancia que han adquirido, en la evolución de “otros requerimientos de capital”, como capitalización de empresas públicas, bonos de reconocimiento y compra de cartera de créditos con aval del Estado (CAE).